Por: Carlos Alberto Aguilar Meza
Una escena de la vida real y muy común en el Perú que se repite todos los días en nuestros hospitales y centros de salud ocurrió cuando un individuo de poco más de 80 años, que cumplió con pagar su seguro social hasta el día que le tocó jubilarse, requirió atención médica en Tingo María por un problema cardiovascular grave, e inicia su vía crucis. En el Hospital de la seguridad social en un primer momento le niegan la atención, aduciendo falta de espacio, y luego nos percatamos que lo que realmente no hay es especialización para la atención adecuada.
Finalmente, el médico tratante, de manera inconsulta, deriva al paciente a Lima en una ambulancia, en un viaje de poco más de 10 horas, con todos los riesgos que ello significa para una persona de edad, con una pierna al borde de la necrosis, producto del problema cardiovascular.
El Hospital Almenara, luego de múltiples trámites “decide” recibir al paciente. Le realizan múltiples exámenes para determinar el real estado de la patología. Como conclusión deciden practicarle un procedimiento. Pasados tres días desde que le practicaron el procedimiento, el médico tratante llama a un familiar y le notifica que el paciente ha sido dado de alta y le conmina a que lo evacuen, bajo amenaza de ser denunciados por exponer a una persona enferma. Una afirmación perversa, porque lo único que constatamos –como veremos más adelante— es que la seguridad social es la que expone a sus asegurados.
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